Vuelve la "chacha" de antaño

Y anda que iba a tardar el gobierno de Mariano Rajoy en echar el freno lo mismo que los anteriores y sucesivos gobiernos tardaron en equiparar los derechos de las empleadas de hogar con el del resto de personas. Desde el año 1996 llevamos desde UGT reclamando que este trabajo sea reconocido como empleo, no como un trabajo en “toda regla”. Pero ya se sabe, lo nuestro, me refiero a “lo de las mujeres”, siempre puede esperar. No somos una prioridad ni siendo más de la mitad de la población.

Reconocer que lo que hemos hecho toda la vida por obligación es un trabajo que genera derechos tan básicos como, por ejemplo, la cotización y la protección social, eso ya es demasiado.

Ni un año ha tardado el Partido Popular en modificar una ley cuyo objetivo principal era acabar con la discriminación en este sector feminizado al máximo, pero que, como efecto colateral, ha tenido un efecto tan positivo como emerger un tercio de la “economía sumergida” en tan sólo once meses. Y ni por esas. “Por si acaso” derrapábamos, el PP ha decidido echar el freno de mano bien seguro.

Concretamente el PP  ha incorporado dos modificaciones. Por un lado, la responsabilidad del alta y baja en la seguridad social, los ingresos de las cotizaciones y demás trámites de la propia empleadora que trabaje menos de 60 horas mensuales se podrán delegar en la empleada. Eximiendo de esta responsabilidad a la parte contratante, que es quien tiene la responsabilidad subsidiaria.

Por otro lado, se reducen los tramos de bases de cotización, que estaban previstos para facilitar una adaptación progresiva a las bases de cotización del régimen general. La reducción de 15 a 8 tramos responde a esa obsesión recaudatoria del gobierno. Este afán además se soporta sobre las empleadas más pobres. Así la base mínima de cotización pasa de 90 a 147 euros, mientras la máxima se mantiene en 790 euros. Lo que se traduce en que las empleadas de hogar que trabajan menos horas deberán cotizar más descendiendo aún más su escaso poder adquisitivo.

En la práctica, esto no va a significar otra cosa que dinamitar la propia ley, imposibilitar su desarrollo, dejarla sin efecto para, probablemente después, argumentar su ineficacia y favorecer su desaparición.

Y es que ya sabemos el modelo que prefieren “los señoritos” el de la “chacha de antaño",  en lugar de una empleada con sus derechos laborales y sociales. Crucemos los dedos para que no “nos caiga del cielo” nuevamente el derecho de pernada.

APL