El sábado pasado terminó el plazo para dar de alta a las empleadas de hogar según la nueva regulación pactada entre el anterior gobierno y los sindicatos mayoritarios: UGT y CCOO, tras largos años de negociación. En esta normativa, para quién no la conozca, se mejoran derechos relacionados con los salarios, los tiempos de trabajo y otras condiciones laborales y de seguridad social. La intencionalidad de UGT al participar en estas mejoras ha sido dignificar esta relación laboral y equipararla, en la medida posible, al resto de trabajadoras y trabajadores del Régimen General.
Sin embargo, según datos oficiales, sólo ha aflorado un 8% del empleo irregular de este sector, es decir, de las no cotizantes, mientras que un porcentaje altísimo (88%) de empleadas de hogar que sí cotizaban con anterioridad han adecuado su situación al nuevo modelo. Pero hay casi 37.000 empleadas de hogar que antes cotizaban por horas, normalmente fijas discontinuas para una o varias familias, que no han conseguido o no han querido que sus empleadores les den de alta.
El gobierno actual, tan experto en simplificar las situaciones evitando analizar la complejidad del asunto para tomar las decisiones menos estudiadas y pertinentes, amenaza con cambiar la regulación para hacerla “más efectiva”, de momento, la Ministra ha declarado que no va a haber ampliación del plazo, habla de simplificar los formularios, de aumentar las bonificaciones hasta el 2014, pero nada de otras ayudas como la desgravación fiscal para quienes contraten a empleadas de hogar. Algo que tan bien ha funcionado en Francia.
El descenso de altas de empleadas de hogar que ha coincidido con la puesta en marcha de la regulación actual se puede deber a muchos factores: el primero entiendo, es la crisis, el aumento del paro y el empobrecimiento de las familias es un factor clave para esto. El segundo, la dificultad de estas trabajadoras para reivindicar y exigir el cumplimiento de sus derechos, esa especial relación de confianza que caracteriza este empleo se puede volver en contra de la trabajadora fácilmente en forma de extinción del contrato por desistimiento. No estamos ante una relación entre iguales, de la confianza al abuso hay una delgada línea que se sobrepasa continuamente, a lo que hay que sumarle el aislamiento de estas mujeres, la indefensión, el desconocimiento de sus derechos, la dificultad de que la Inspección de Trabajo entre en los domicilios, la escasa afiliación a organizaciones sindicales, y un largo etc. Y por supuesto otro tercer factor, no menos importante, el cultural, hemos heredado una mentalidad de economía sumergida, consentida por todas las partes implicadas, que nos aleja muy mucho de países más desarrollados que bien nos podrían servir de referencia, como Islandia, con más ayudas y recursos públicos para las familias. Seguimos sin ser conscientes de la importancia que tiene cotizar aunque haya que pagarlo. “Pan para hoy y hambre para mañana”, sobre todo si el mañana se avecina tan oscuro y desalentador. Este problema, lejos de ser atajado y tratado por el actual gobierno del PP; se ha obviado como un problema menor, solo amnistía fiscal para quienes defraudan mientras ahogan en impuestos a quienes declaramos hasta lo que nos regalan.
Y un último factor que yo entiendo determinante es que las empleadas de hogar son mujeres, y que su labor está relacionada con trabajos feminizados realizados históricamente en el ámbito privado y sin remuneración, seguimos comercializando con el trabajo de las mujeres valorándolo económica y socialmente muy por debajo de su valor real en la sociedad en la que vivimos. Este concepto de servidumbre que encubre un claro problema de clases y de género tiene que acabar. Si no permitimos que en las empresa haya trabajadores y trabajadoras irregulares ¿porqué permitirlo en los hogares? Las empleadas de hogar son y deben ser eso, empleadas, con todos sus derechos laborales garantizados y con los mismos mecanismos de defensa que cualquier otra persona que trabaje en el Régimen General.
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